Días de Oscuridad

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

TOLUCA DE LERDO, Edo. Mex.- Aquí, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, dijo: “Como parte activa de la conciencia nacional, los periodistas asumen todos los días el enorme desafío de informar”. En Chihuahua ejecutaron un periodista. En Oaxaca toman por asalto las oficinas de un periódico. En el D. F., López Obrador arremete contra los medios.

Hechos que se dieron en 24 horas. Entre el 8 y el 9 de agosto. En puntos tan distantes. Formas tan distintas. Una sola realidad: De ser testigos de la historia, los periodistas pasan a ser protagonistas de su propia historia. Solos. En busca de la verdad en días de oscuridad y confusión. En la indefensión. Suman 24 muertos y 3 desaparecidos en el foxismo.

El Diario de la Tarde de Villahermosa, Tabasco, reportó que el 8 de agosto, dos individuos armados tomaron por asalto las oficinas del periódico Noticias en Oaxaca, dejando heridos a dos voceadores. Ismael Sanmartín Hernández, director editorial, responsabilizó a Jorge Franco Vargas, ex secretario general del gobierno de Ulises Ruiz.

La sospecha se funda en que el ex funcionario fue denunciado penalmente el año pasado, cuando sus instalaciones fueron tomadas en otro asalto armado, retuvieron a 31 trabajadores en sus oficinas, el desalojo violento de las mismas y la toma de las bodegas donde fue asesinada una persona. Desde entonces, la CROC bloqueó sus oficinas.

En otro lado, cerca del kilómetro 7 de la carretera Chihuahua-Aldama, a las 14 horas, se encontró el cadáver del director de la revista policíaca “Dos Caras Una Verdad”, Enrique Perea Quintanilla de 50 años, con signos de tortura y cuando menos dos balazos y que había desaparecido desde las 11 de la mañana del 8 de agosto.

Un asesinato atribuido por la autoridad al crimen organizado y que eleva a 24 el número de periodistas victimados en el foxismo, con un promedio de 4 por años para ubicar a México en el primer lugar en América Latina de periodistas asesinados por cuestiones relacionadas con su trabajo informativo y, lo más grave, en total impunidad.

Aunque se creó una fiscalía especial en febrero pasado, atribuir al crimen organizado, un concepto tan amplio como ambiguo, es el dogma de una administración cuya cabeza se quejó desde que ganó las elecciones, de la incomprensión de un círculo rojo integrado por críticos, periodistas y editores, considerado como una “minoría”.

Una visión que comparte el hoy impugnador de las elecciones presidenciales, el señor Andrés Manuel López Obrador, que el mismo día, 9 de agosto, se mostró como víctima del linchamiento, “aunque hay excepciones honrosas, pero es muy claro cómo algunos medios se han subordinado y han aceptado el papel de alcahuetes de la derecha”.

En las últimas 3 semanas, la estrategia del perredista tabasqueño centró sus acusaciones contra los periodistas. El 7 de agosto, sus huestes agredieron a un reportero radiofónico y le quitaron su celular. Días antes, el presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, azuzó a sus seguidores contra los reporteros convocados a su conferencia de prensa.

Más, no son los únicos. Y hay poco espacio para la esperanza. Debe recordarse que el señor Felipe Calderón impulsó en la Cámara de Diputados en apoyo al senador chihuahuense Javier Corral Jurado, la Ley Mordaza denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con todo e Instituto ejecutor de la intrasparencia informativa.

Empero, hay signos alentadores. En el Seminario Derechos Humanos y el Ejercicio del Periodismo organizado por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos con la PGR y el diario mexiquense de Alejandro Zendejas, dirigido por Eliseo Lugo Plata, el gobernador priísta Enrique Peña Nieto se reafirmó como defensor para preservar la libertad de expresión.

La razón que dio el mandatario: “En el legítimo derecho que tenemos de disentir y mantener diferencias, actores políticos, profesionistas, y más quienes ejercen la noble labor del periodismo, coincidimos en un objetivo fundamental: mantener el derrotero que nos lleve a mejore estadios y genere mejores condiciones de bienestar para la sociedad”.

“Las instituciones y el Estado, tienen la obligación de proteger a los periodistas, para que ejerzan la función de informar, no para mentir, no para coaccionar, sino para comprometerse con la verdad, que le pueda generar a la sociedad una mejor forma de vida”, dijo por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos, Mario Álvarez Ledesma.

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