Nuestro poder

Por Mario Luis ALTUZAR SUAREZ

A sus casi 16 años, el Instituto Federal Electoral enfrenta su mayor responsabilidad histórica: Realizar unas elecciones limpias y confiables que garanticen la estabilidad social. Podría incumplir su tarea por las debilidades jurídicas y el ambiente de suspicacias sobre sus programas cibernéticos y deslealtades de sus funcionarios.

Una tríada que acentúa el escepticismo en los electores, empero, que también les obliga a cumplir con sus obligaciones cívicas de emitir el sufragio y tomar conciencia de que es allí, en ese momento individual, secreto y universal, en donde ejerce su libre albedrío para apuntalar pacíficamente el destino que desea para sí y para el país.

Desde abril de 2006, el Fondo Nacional para la Democracia creado en 1982 por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, detectó severas deficiencias estructurales en el IFE, que se complican con los vacíos jurídicos en que deben actuar sus brazos coejecutores: La Fiscalía Especial para Atención de delitos Electores y el Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte de Justicia.

El mayor desafío, empero, es la credibilidad de Luis Carlos Ugalde, tanto por su cercanía política con la foxista chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales como por la desaparición de una semana del padrón electoral y la adjudicación a una empresa vinculada a un candidato presidencial, del programa de base de datos de la contabilidad de los votos.

Este último punto es el que genera mayor inquietud, ya que existe el antecedente en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, en donde el presidente George W. Bush habría recibido el apoyo de su hermano Jeb, gobernador de La Florida, para apuntalar su reelección y que no se disipó pese al reconocimiento de parte del perdedor John Kerry.

Del otro lado de la moneda, debe observarse de que ya no hay tiempo para corregir los defectos del IFE y que los riesgos potenciales o reales, pueden disminuirse con la participación de todos los electores en las urnas, si consideramos que los teóricos electorales mundiales señalan que a menor asistencia mayor posibilidad de manipulación.

Con base en el inciso III del artículo 36 de la Constitución, “Son obligaciones del ciudadano de la República: Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda” que se entiende como una prerrogativa y una obligación para ejercer la voluntad de los contribuyentes.

Emilio O Rabasa y Gloria Caballero definen en la edición de 1994 de “Mexicano esta es tu Constitución”: La voluntad popular es, sobre todo, conocida a través del voto, pero éste tiene una doble dimensión, dos proyecciones: el de elegir y el de escoger, Merced a la primera se contribuye, se manera fehaciente, a constituir la estructura política en sus órganos fundamentales”.

Añaden: “Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de abril de 1990, se modificó la fracción I de este precepto sustituyendo la obligación ciudadana de inscribirse en “los padrones electorales” por la de “inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes”.

El 11 de octubre de 1990 sesionó por primera vez el Consejo General del IFE con base en las reformas constitucionales de 1989, después de la incertidumbre generada por las elecciones presidenciales de 1988 bajo la modalidad de constituir en Colegio Electoral a la Cámara de Diputados, entonces presidido por el guerrerense Píndaro Uriostegui Salgado.

Han pasado casi 16 años. A la juventud del organismo debe sumarse la tentación de los hombres en el poder para adjudicarse el control electoral, recordando aquella frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero es la hora en que los todos los ciudadanos podemos ejercer el poder de decisión.

À