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Columnas
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Mantener el Estado laico mexicano, es el compromiso del presidente Electo, Felipe Calderón, según la carta pública de su equipo de transición en respuesta a las pretensiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano de aumentar su influencia en la vida política y pública del país, que se interpreta como instaurar una religión de Estado. Hay razón en observar una ambición desatada del presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, con base en la precisión de Armando Martínez, dirigente del Colegio de Abogados Católicos de México, en la propuesta reforma al artículo 24 constitucional para que una persona lleve su creencia religiosa a todos los ámbitos de su vida, privada y pública. Es decir, que la 82 Asamblea que recibió por primera vez a un presidente en funciones el 15 de noviembre, se ajusta al mandato del alemán Joseph Alois Ratzinger, ex Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe (Santo Oficio de la Inquisición hasta 1908) sobre la libertad religiosa como “un principio esencial del Estado moderno”. Con esta supuesta modernidad de recuperar “el patrimonio más profundo de la Iglesia” se regresaría, a nivel mundial, al tiempo del Emperador romano Constantino El Grande que en 313 rubricó el Edicto de Milán que establecía a la Iglesia como guardiana de la religión con derechos legales y substanciales donaciones financieras. En México, según cifras de 1833, más del 33 por ciento de las propiedades pertenecían al alto clero político, mantenían en la ignorancia a la población con el control educativo, dominaban los cementerios y la vida pública mediante los sacramentos espirituales, y la vida política interna y diplomática pasaba por su aprobación. La promulgación el 23 de noviembre de 1855 de la Ley de Administración y Justicia, conocida como Ley Juárez, en su artículo 42 ordena que los tribunales eclesiásticos y militares cesaran de conocer en los negocios civiles, y el 25 de junio de 1856 se publicó la llamada Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes clericales. Del 18 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857 en que se promulgó la Constitución, se dividió el poder público en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y se incluyeron las leyes Juárez y Lerdo, para el 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos que establecía, además: La separación de la Iglesia y del Estado; la libre contratación de los servicios que prestaban los sacerdotes a los fieles; la supresión de las comunidades religiosas de hombres y de toda clase de cofradías y congregaciones; la prohibición de establecer nuevos conventos y el traslado de los libros y obras de arte de los monasterios suprimidos a las bibliotecas y museos nacionales. Desde 1856 el clero político agitó a sus feligreses al grito de “Religión y Fueros”, llegando incluso a enviar a Juan Nepomuceno Almonte a Europa para cabildear la designación de un Príncipe para gobernar a los mexicanos. Un activismo en que participó el Papa Pió IX para presionar a Maximiliano de Habsburgo. Costó mucha sangre pero se logró el laicismo. Entusiasmados por la proclama del italiano Achille Ratti en 1924, los clericales mexicanos se prepararon para alzarse en armas y al grito de Viva Cristo Rey iniciaron su movimiento en 1926 que culminó en 1929, después del asesinato del general Álvaro Obregón, y que se revivió en julio de 2002 con la beatificación de los cristeros en la visita de Farol Wojtila. Ahora, cuando el presidente Electo, el conservador Felipe Calderón enfrenta la herencia maldita de Vicente Fox con la restitución de privilegios al alto clero político por su fallido interés de ser divorciado de su esposa y desposar religiosamente a Martha Sahagún, y la crisis política opositora perredista, las sotanas sienten que ha llegado su tiempo de imponer Concordatos como los impuestos a su favor en España. Ivana Calle Rivaz, de Católicas por el Derecho a Decidir de Bolivia, escribió del laicismo: Si bien este principio es difícil de aceptar para algunos líderes de la Iglesia -en su creencia de que ocupan un lugar sagrado en el proceso político- darle un trato privilegiado a las instituciones religiosas es peligroso para un proceso político democrático. |
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