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Columnas
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Usurpar, dice el diccionario de uso común, es “llegar a poseer sin derecho” y usurpación lo define como “delito en el apoderamiento de bienes ajenos, sin título que lo justifique y contra la voluntad de su dueño” por lo que se tipificó en el artículo 250 del Código Penal Federal al que se ostente como funcionario público. Con base en el artículo 81 constitucional para ser Presidente de México se necesita una elección “directa y en los términos que disponga la ley electoral” y una vez proclamado por la institución correspondiente, “entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años” y su protesta será ante el Congreso de la Unión, como lo ordena el artículo 87. Las reformas constitucionales de 1990 constituyeron como autoridad al Instituto Federal Electoral para respetar y hacer respetar la Ley de Procedimientos Electorales y su Reglamento y posteriormente se instituyó el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con su coadyuvante en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Existe un ordenamiento constitucional y su marco institucional y jurídico que ha cuidado los procesos electorales presidenciales de 1994, 2000 y 2006, aunque pudiesen ser imperfectos, como lo señaló en abril pasado el Fondo Nacional para la Democracia, el brazo público de operaciones encubiertas de la espía Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, pulir y perfeccionar el marco jurídico es responsabilidad constitucional del Poder Legislativo en donde se implementó la figura de diputados plurinominales desde el tiempo del presidente José López Portillo para garantizar la democracia representativa y plural y que desde 1997 registró una importante presencia de la fracción perredista. Dicho de otra forma: Desde las elecciones de 1994 en que el PRD logra ocupar algunos escaños legislativos a la fecha, han pasado 12 años en que bien pudieron impulsar las reformas necesarias al marco jurídico del sistema electoral que, podría haberse pospuesto por la euforia de haber ganado el Distrito Federal en 1997 y algunas gubernaturas. Un espacio de tiempo en donde voces aisladas como la de Porfirio Muñoz Ledo (que encabezó con Cuauhtémoc Cárdenas la corriente política que al salir del PRI consolida un Frente Democrático Nacional, cimiento del actual PRD), han insistido en la conveniencia de la Reforma del Estado, en donde lo electoral es uno de los temas agendados. Por ello, en un México de instituciones diseñadas por los liberales desde 1810 y construidas con las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 y reorientadas en el Pacto Social del Constituyente de 1910, se proclamó al panista Felipe Calderón como el ganador con una diferencia del 0.58% de votos en las elecciones presidenciales de 2006. Es cierto que a muchos no les convenció el señor Calderón si se observa que los votos recibidos equivalen al 21% del padrón electoral nacional, pero su más cercano competidor, el perredista tabasqueño Andrés Manuel López Obrador apenas superó el 20% de los electores con credencial para votar. Y en la democracia un voto hace la diferencia. Se tiene, entonces, que constitucionalmente existe un Presidente. Desconocerlo es repudiar el marco jurídico y asumirse como Presidente aunque se le agregue la palabra “legítimo” con la difusión de carteles ostentando la insignia de la Banda Presidencial, se considera en las fracciones primera y cuarta del artículo 250 del Código Penal Federal, como delito: “Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien: I. Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal; (…) IV. Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial”. Será un pendiente más que heredará el señor Vicente Fox a la nueva administración, ya que apenas el 9 de noviembre presentó Francisco Gárate, líder del PAN mexiquense, una denuncia ante la PGR para que determine si el señor López Obrador incurre en algún delito como el de usurpación de funciones y los que resulten. |
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