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Arcano

 

Intolerancia

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

México parece precipitarse a un tiempo de intolerancia. Desde el símbolo del poder presidencial, Los Pinos, el Presidente y esposa amenazan a un diputado federal que encabeza una comisión legislativa para investigar el tráfico de influencia y el PRD busca responsables de su derrota electoral y organiza una supuesta resistencia civil.

Tiempos de oscuridad en donde el odio, la frustración y el resentimiento auguran la tempestad de la violencia, a causa de venganzas personales, sin medir los riesgos de tentar al México Bronco por el desencanto de los damnificados por un modelo económico depredador y al servicio de la dictadura de las transnacionales.

Caracterizado por el autismo bipolar en que administró el fallido cambio prometido, el señor Vicente Fox, desde la investidura presidencial respalda “totalmente y ciento por ciento” las decisiones que asuma su esposa ante lo que consideró “ocurrencias de un señor escondido atrás del fuero”.

Alarma la retórica presidencial al considerar que su esposa, la señora Martha Sahagún Jiménez, en una conferencia de prensa del 28 de julio en la Residencia Presidencial Los Pinos, amenazó al diputado federal Jesús González Shmall: “su fuero tiene un límite. Espero que confirme sus dichos cuando el fuero se le acabe”.

El texto rico en calificativos y supuestos, personalizó la actuación del legislador: “Miente González Schmal porque cree que, bajo el amparo del fuero, se puede andar por la vida actuando con impunidad y sin el menor sentido de lo que significa la responsabilidad y la honestidad”.

Sin embargo, la Comisión de Investigación Encargada de Verificar la Legalidad de de los Contratos de Entidades Públicas con la Empresa Construcciones Prácticas, se creó por mandato del Pleno de la Cámara de Diputados y se integró con 9 legisladores de 5 partidos políticos, en donde declinó participar el PAN con asistencia esporádica de Federico Doring.

El Poder Legislativo, uno de 3 en que la Constitución manda que se deposite el Supremo Gobierno Federal, ordenó la creación de esa Comisión especial por las evidencias del sorpresivo enriquecimiento de los hijastros del presidente Fox, en una empresa constituida en 2003 y bajo sospecha fundada de haber incurrido en el tráfico de influencias.

Por lo tanto, la vida pública de la familia presidencial pasa al orden público, por vincularse recursos oficiales en su actuación. Dicho de otra forma: Un fraude o beneficio obtenido de empresa a empresa, es una cuestión entre particulares en tanto que si se trata de una empresa pública con recursos del erario, máxime que son familiares del primer grado, el asunto compete al poder público.

Si bien es cierto que la empresa Construcciones Prácticas es privada, los socios son los hijastros del Presidente de la República que al realizar actividades empresariales con instituciones públicas, transgreden la Ley de Servidores Públicos y al sumarse un beneficio superior a los 300 millones de pesos, implican recursos del erario.

Es falso, entonces, que la Comisión legislativa encargada de verificar esas transacciones con el IPAB (hijo bastardo del FOBAPROA) que hipotecó más de 120 mil millones de dólares, con el INFONAVIT, PEMEX y otras, incurra en acciones anticonstitucionales por investigar a particulares, que no son cualquier particular.

La amenaza de la señora Sahagún Jiménez, muestra desesperación por la cercanía en que finalice su propio fuero obtenido por medio de su cónyuge y toca linderos dictatoriales en donde la integridad personal del diputado Jesús González Shmall corre riesgo.

Por otro lado, el PRD que presiona con supuestas huelgas de hambre por 24 horas de algunos de sus militantes, como Francisco Chíguil Figueroa que le servirá para reducir el exceso de peso, amenazan ahora a la chipaneca Elba Esther Gordillo Morales, de encausarla por supuestos delitos electorales, como aparente artífice del fraude electoral.

Parecería una confesión de su derrota en las urnas aunque se amenaza la estabilidad social al convocar a la supuesta resistencia civil “pacífica”, en donde se arremete contra los reporteros y se obliga a los beneficiarios de la política de la limosna a su presencia y a los funcionarios perredistas a financiar las movilizaciones.

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