Repercusiones

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

En medio de la vorágine impugnativa del proceso electoral que deberá resolver el TRIFE, los temas nacionales parecen desplazados a segundo lugar, pese al desafío creciente del narcotráfico y los signos de corrupción de la administración saliente, que heredarán al próximo presidente un panorama bastante complejo y difícil de resolver.

Pese a que los legisladores actuales ya bajaron la cortina y de que los entrantes empiezan a bosquejar su nueva realidad minoritaria en el Congreso de la Unión, existen pendientes que, afortunadamente, diputados como Jesús González Shmall de Convergencia, atienden responsablemente por afectar la salud política y económica del país.

El legislador esperaba que hoy se presentaran ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Khoury y Manuel Bribiesca Sahagún, como indiciados por falsedad de declaración al negar su relación como socios en una empresa que habría sido beneficiada en sus negocios con el gobierno, por la influencia del hijastro del presidente.

Un tema crucial por representar la punta del iceberg de la corrupción que implica empresas estratégicas para el presente económico del país, como serían esas relaciones con PEMEX y la infamia del IPAB (hijo bastardo del FOBAPROA) que hipotecó el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos, en donde la impunidad pondría en riesgo del destino del país.

Sus repercusiones económicas son visibles en la repartición de la miseria con sus efectos colaterales de desempleo y la inseguridad y, la impunidad se reflejan en el baño de sangre provocado por el creciente como desafiante narcotráfico. En política, la ausencia en las urnas indica que ningún partido, por más impugnador que sea, representa a la mayoría.

En términos de la elección presidencial, el PAN y el PRD representan abajo del 15% de la población total y con base en el padrón electoral, alcanzan menos del 21% de representatividad, lo que en términos llanos, los dos representan minorías y por lo tanto, es difícil pensar que sus programas de gobierno responderán a los intereses mayoritarios.

Por lo tanto, jurídicamente. la resolución final del Tribunal Federal Electoral legalizaría al presidente electo, lo mismo si confirma el cómputo del IFE a favor del panista Felipe Calderón Hinojosa con 0.58% arriba de su cercano competidor, que si accediese por encima de la ley a la presión perredista y diese un dictamen favorable al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ninguno puede aspirar a la “legitimidad” que en términos democráticos, exige el 50% más uno, ya que en términos de población nacional, necesitarían 50.5 millones de votos y en relación al padrón nacional deberían ser votados por 36 millones de electores.

Por otra parte, el próximo presidente enfrentará un Congreso de minorías con las que deberá negociar cualquier acción de gobierno, es decir, tendrá que ceder a los intereses personales y de grupo de esas minorías y salvaguardar los intereses de su propia minoría, lo que deja de lado cualquier perspectiva de atender a las mayorías.

Es en este escenario en donde cobra importancia el trabajo del diputado federal, Jesús González Shmall, para concretar la investigación sobre el supuesto tráfico de influencias de los hijastros del señor Vicente Fox, y que confirmó la falsedad de declaración por el testimonio el 21 de julio del empresario guanajuatense Marcelo Palestra.

La razón: Que si se confirma al panista Felipe Calderón, difícilmente se hará justicia al pueblo de México y en el remoto caso de que fuese Andrés Manuel López Obrador, existe el riesgo de que lo utilice para sus negaciones personales como sucedió con un millonario contrabando de ropa china que le permitió negociar la suspensión de su encauzamiento.

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