Judicialización

Por Mario Luis ALTUZAR SUAREZ

Se empieza a judicializar la sucesión presidencial. El signo alarmante es el paso lento de la justicia ante la inmediatez de los delitos y su impacto irreversible en el destino del país, polarizado por una contienda electoral inequitativa que favorece al candidato presidencial panista con la interrogante de qué sucederá un día después de las elecciones.

El Consejo General del IFE multó al PAN  el 31 de mayo pasado con 146 mil pesos, por haber presentado el 21 de febrero al presidente del gobierno español, el derechista José María Aznar, en apoyo a la campaña presidencial del panista Felipe Calderón. Pasaron tres meses y 10 días para que se aplicaran las leyes mexicanas.

La sanción podría considerarse un poco tardía y a medias en un hecho público. Con base en el artículo 25 del Código Electoral, los partidos están obligados a rechazar toda clase de apoyo extranjero propagandístico, mientras que la Secretaría de Gobernación de Carlos Abascal Carranza guarda silencio sobre la violación al artículo 33 constitucional.

Un hecho preocupante si se observa que la fiscal federal para delitos electorales, María de los Ángeles Fromow Rangel investiga las denuncias presentadas por diversos partidos políticos contra el señor Vicente Fox Quesada, por su abierta injerencia en el proceso electoral a favor del candidato panista Felipe Calderón.

La fiscal indicó que “esté haciendo su mejor esfuerzo” aunque todavía no puede determinar si existen o no elementos constitutivos de algún delito y alguna probable responsabilidad. Si la acción ilegal de un partido en un hecho público ameritó el silencio de Gobernación y más de 3 meses para que el IFE le sancionara, ¿cuánto se necesitará en el caso presidencial?

Tomándose como base el tiempo requerido por el IFE, se antojaría pensar que la resolución judicial sobre la actuación del Ejecutivo se daría en agosto, cuando se esté instalando el nuevo Congreso de la Unión y una vez consumada la sucesión presidencial que, de lograrse la imposición oficial del panista, gozaría de cabal impunidad.

Sin embargo, el escenario trasciende al protagonismo de los participantes hacia el interés nacional, al recordarse que 10 días antes de las elecciones presidenciales del 2000, el entonces diputado priísta, Enrique Jackson Ramírez, denunció y exhibió documentos de la ingeniería financiera equiparable al crimen organizado, del financiamiento foxista.

La supuesta investigación realizada posteriormente por el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha (que curioso, la primera esposa del señor Fox se llama Lilian de la Concha), desvió en un principio las investigaciones de los Amigos de Fox y después, con científicas investigaciones de preguntarle al señor Lino Korrodi si eran o no ciertas sus declaraciones a la prensa, exoneró a los implicados en esos delitos.

Es decir, que el paso lento de la justicia favorece a la impunidad y el exceso en el uso del poder al orientar la persecución judicial contra el líder petrolero Carlos Antonio Romero Dechamps por haber desviado un millonario apoyo de los recursos sindicales al candidato priísta Francisco Labastida Ochoa y que el final, no se comprobó el ilícito sin que ello se tomara en cuenta por el IFE que mantuvo la millonaria sanción contra el PRI.

Ahora, a escaso un mes de las elecciones presidenciales con la ofensiva oficial contra los candidatos presidenciales del PRD-PT-Convergencia y el PRI-PVEM, María de los Ángeles Fromow Rangel acepta que existen interpuestas denuncias contra el señor Vicente Fox y 11 funcionarios federales, nueve estatales y 13 municipales.

Por si fuese poco, existen 170 denuncias por uso de programas sociales en la campaña federal del 2006, en donde las investigaciones cuentan con el “mayor esfuerzo” pero sin avances visibles pese a que trabajos periodísticos como de la perseguida revista Proceso, documentaron desvíos millonarios de recursos federales a favor del panista Calderón.

Visto de otra forma, la judicialización de la sucesión presidencial encuentra el tortuguismo en la aplicación de la justicia que favorecerá la impunidad del partido en el poder y pone en riesgo la estabilidad social nacional un día después de las elecciones. Tal vez esté todo medido para impedir que por fin se conozca el compromiso adquirido por el señor Fox con los que financiaron su agresiva y millonaria campaña electoral iniciada en 1997.

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