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Indígenas Chiapanecos

Por Mario Luis ALTUZAR SUAREZ

LAS MARGARITAS, Chis.- Los 15 minutos prometidos por Vicente Fox para resolver el conflicto neozapatista, se han prolongado por 5 años, en donde la retórica enfrenta la realidad de una política contraria a los justos reclamos indígenas y que sirve de bandera al alto clero político con su ambición de restaurar su rectoría en el estado.

Se pensaba, incluso, que el ex priísta Pablo Salazar Mendiguchia, al renegar de su partido para ser postulado como candidato a gobernador por una alianza que encabezó el PAN, sería una garantía para atender la promesa electoral del ex gerente de una embotelladora transnacional, bajo el supuesto de ser descendiente de una profesores rurales pobres.

Del 1 de diciembre a la fecha, los resultados son negativos. A nivel federal, Luis H. Álvarez, encargado de las negociaciones con los neozapatistas, carecen del nulo acercamiento con las fuerzas beligerantes del subcomandante Marcos quien lanzó su proclama de La Otra Campaña y el abandono unilateral de las armas.

Empero, la retórica del sistema de los empleados de las transnacionales muestra la divergencia en los hechos, por medio de la administración local caracterizada por encausar a líderes indígenas, aunque lo más grave sería el abandono de los mínimos programas iniciados en 1994 para presentar respuesta a la Declaración de San Andrés.

Se recuerda que en septiembre de 1994 se inició el Proyecto de Educación Comunitaria Indígena en donde se reclutaron a jóvenes con bachillerato, secundaria, licenciados en pedagogía y ciencias sociales y en pre escolar. Se estima una planta de 2,200 docentes a la fecha que atienden a poco menos de 20,000 niños indígenas.

Los reclutados recibieron cursos de Inducción a la Docencia de dos meses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

En plena euforia del tecnopriísmo zedillista que obedecía el mandato del Fondo Monetario Internacional, el principal ariete del imperialismo disfrazado de globalización, se intentó cancelar el proyecto que exige recursos públicos sin utilidad inmediata o visible, de la nueva realidad económica: Un gobierno chiquito y eficiente.

Aunque la movilización de los promotores logró el reconocimiento de su trabajo para permanecer en el servicio a las comunidades, poco se avanzó jurídicamente para lograr el nivel de trabajadores del gobierno estatal o federal, y en la administración de Salazar Mendiguchia se les ubicó, incluso, como prestadores de servicios temporales.

Una situación que se agudizó en 2004, bajo el argumento de que los promotores que carecieran de la licenciatura terminada se les darían de baja en forma automática. Otra movilización logró en agosto de ese año evitó el despido masivo.

Lamentablemente, para poder permanecer en la plaza de prestadores de servicios temporales, los promotores tuvieron que firmar una carta compromiso en que renuncian a cualquier prestación como trabajadores al servicio del estado chiapaneco, y lo que se encuentra al margen de las leyes laborales y acuerdos internacionales.

Se rigidizaron las precarias condiciones laborales de los docentes al grado de que el reunir tres faltas son dados de baja en forma automática, y que desde el inició de la gestión de Pablo Salazar Mendiguchia, jamás se les ha dado un aumento de salario, ubicándose actualmente en 850 pesos mensuales, que se encuentra por debajo del salario mínimo vigente.

Para desarmar cualquier reclamo de los trabajadores, el gobierno estatal guarda como secreto de estado el techo financiero del Proyecto de Educación Comunitaria Indígena, con el pretexto de que es la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Reyes Tamez, la responsable de manejar los recursos que, hasta donde se sabe, existe sólo una coordinación.

Con estos elementos en la víspera de la sucesión presidencial, se detectó el aumento del activismo político de Acción Católica congruente con la intensificación de la campaña publicitaria a favor de la imagen del gobernador, y que se encuentran muy distantes de posibles acciones de gobierno a favor de los chiapanecos.

Sin menospreciar el creciente aumento de sectas de diferentes religiones vinculadas con la ideología imperial de los Estados Unidos, se observa que en Chiapas empieza a bosquejarse la última frontera político electoral para perder o restaurar el destino de una nación que es acechada desde 1823 por la capital imperial, Washington.

 

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